Renunciar, si no por ética, por estética

 

Uno de las características más fuertes de la alta burocracia estatal y partidista  en Colombia es la casi absoluta falta de responsabilidad política, la que casi siempre los implicados en escándalos tratan de confundir con la jurídica. Con frecuencia se escucha decir a altos dignatarios implicados en graves escándalos que no renuncian porque la justicia o los órganos de control no los han declarado culpables. Entre tanto, no solamente se atornillan a los cargos sino que dedican sus esfuerzos y los de la entidad que dirigen, a defenderse, cuando no a tratar de influir, a veces indebidamente sobre sus investigadores o juzgadores.

Esta práctica perversa causa un daño severo a la ética pública, a la credibilidad de las instituciones y a la eficacia de la administración ya que hace quedar en entredicho no solo al jerarca respectivo sino a la  entidad correspondiente, cuyo funcionamiento entra casi en un estado de parálisis a la espera de que se defina la situación que enfrenta el directivo.

Esta simple constatación viene al caso a propósito de dos situaciones que se viven al más alto nivel, sin que los implicados se den por enterados, olvidándose de la existencia del verbo renunciar y demostrando que poco o nada les importa la dignidad de la alta misión que se les ha encomendado. Nos referimos a la muerte de ocho campesinos a manos de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía –Esmad-  en Tumaco el 5 de octubre pasado y a las denuncias de la saliente directora del Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena-

En el primero de los hechos mencionados, tanto el Comandante del Esmad como el Director General de la Policía y el Ministro de Defensa en un principio negaron la responsabilidad de la fuerza pública y la atribuyeron a la disidencia de las Farc, versión que muy rápidamente se demostró falsa. Pocos días después cuando la policía atacó a una comisión compuesta por delegados de la ONU, la OEA, Gobernación de Nariño, de las organizaciones sociales  y defensores de derechos humanos quedó más claro aún que el ataque fue realizado por integrantes del Esmad.

Aunque el alto gobierno se vio obligado a suspender a unas decenas de uniformados implicados en el crimen y a trasladar a otros, el país sigue esperando que rueden cabezas de los dirigente porque las culpas no pueden quedarse únicamente en los de abajo. El Comandante del Esmad ( Coronel Gabriel Bonilla), el Director de la Policía (General Jorge Hernando Nieto) y el Ministro Luis Carlos Villegas siguen tan campantes como el del wisky Jhony Walker y ni siquiera se tan tomado el trabajo de disculparse con el país por haber dado una versión mentirosa.

¿Y el Presidente? Bien gracias, también tranquilo como si la cosa no fuera con él, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y responsable máximo de la fuerza pública.

Aún más incomprensible es la actitud del presidente Santos si se tiene en cuenta que el Esmad viene siendo cuestionado de tiempo atrás por los abusos contra la población civil, entre los que se destaca el asesinato del menor Nicolás Neira en las calles de Bogotá y el del estudiante de la Universidad del Valle Jhony Silva en Cali, ambos ocurridos en 2005, por los que la  justicia declaró responsable a la Nación y ordenó las indemnizaciones respectivas.

A propósito de ese segundo homicidio, en la fecha de su ocurrencia en la capital del Valle, quien dirigió el operativo fue el ahora  comandante nacional del Esmad, Coronel Bonilla. Los padres del muchacho sacrificado dirigieron recientemente al Presidente y al Director de la Policía un derecho de petición solicitando que el mencionado oficial sea retirado del servicio,

Poco habría que añadir a las sentidas palabras de estos ciudadanos movidos por una justa indignación y el sentido de justicia: “Es inadmisible que en el marco de un Estado Social y de Derecho, que tiene como base y principio la dignidad humana, se proteja y promueva en cargos públicos a personas que con sus actos han permitido, tolerado o promovido una ‘grave falla en el servicio’ en la Policía Nacional … El teniente coronel Gabriel Bonilla González fue el encargado de dirigir las unidades que ocasionaron la muerte del joven Jhonny Silva Aranguren, es claro que su ejercicio del mando se dio de una manera abiertamente irregular del ejercicio de la fuerza policial, dado que, según se acreditó, miembros del Esmad dispararon de forma intencional y deliberada en contra de la humanidad de los manifestantes”.

Igual irresponsabilidad y falta de vergüenza se observa en el lamentable episodio de la declaratoria de insubsistencia de la Directora del Sena, Andrea Nieto, retirada por la puerta de atrás por haber denunciado las numerosas irregularidades que halló en la institución, que atribuye a su antecesor en el cargo, Alfonso Prada, el ahora todopoderoso Secretario General de la Presidencia. No son de poca monta las acusaciones: montar una red de nepotismo y corrupción que incluye el nombramientode numerosos parientes y violaciones a las normas sobre contratación.

Si el gobierno perdió la confianza en Andrea Nieto, ¿por qué sí la sigue teniendo con Prada, que aparece comprometido muy seriamente, al grado que su denunciante no se basa solamente en opiniones sino en una frondosa documentación que aportó a la Fiscalía?

Es entonces cuestión ya no solamente de ética sino de estética que esos personajes tan seriamente cuestionados den un paso al costado y si no lo quieren hacer voluntariamente, que sean retirados por el nominador. No tiene ninguna presentación que los señores Gabriel Bonilla, Jorge Hernando Nieto, Luis Carlos Villegas y Alfonso Prada, sigan sin mancharse ni romperse en sus puestos, mientras la cacofonía gubernamental sobre lucha contra la corrupción, “urnas de cristal” y otros lemas vacíos aumenta hasta la náusea.

¿Dónde está el control político que debe ejercer el legislativo sobre el ejecutivo? Es más necesaria que nunca una moción de censura y un debate en el Congreso en el que además de las responsabilidades políticas se cuestione la existencia del Esmad, organismo que debe ser disuelto para dar lugar a otro que sea respetuoso de los derechos humanos y de la protesta social. También hay que rescatar al Sena de las garras del clientelismo y la corrupción y permitirle que cumpla su función educativa  rescatando su naturaleza de ente especial y modificando la forma de designación de su director o directora para que en ella intervengan los delegados de los trabajadores y los empresarios, con cuyos fondos se nutre la entidad y no sea una ficha más del jefe máximo del sistema que es el presidente.

 

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