Saludo a los magistrados de la paz

Libertad, La Justicia, La Paz, Aves

Lo perfecto es enemigo de lo mejor. El Comité de Escogencia de los magistrados que integrarán el Tribunal de Paz y las salas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) hizo en líneas generales una buena elección y así bien hay algunos nombres que deben mirarso con cuidado (los exjueces de la justicia penal militar y algún exmagistrado de la Corte Constitucional que ahora defiende multinacionales del carbón), quedó integrado un cuerpo con diferentes visiones y trayectorias. Cabe destacar la alta representación de las mujeres, de las regiones y, especialmente el nombramiento de cuatro juristas indígenas. Igualmente, es de saludar la presencia de varios defensores y defensoras de los derechos humanos,  de  víctimas o de presos políticos, entre ellas Nadiezda Henríquez, hija de un desaparecido, Reinere Jaramillo, Sandra Gamboa y Pedro Mahecha. Ello no significa para nada sesgo, sino por el contrario, compromiso con los objetivos y naturaleza de esta forma especial de justicia.

En todo caso, se marca un contrasta con la manera amañada y muchas veces corrupta como se han elegido los miembros de las altas cortes, hoy hundidas en el pantano del desprestigio a causa precisamente de esas situaciones y de hechos realmente vergonzosos que han dado lugar a que algunos magistrados estén hoy entre rejas y muchos en capilla, “con la toga al cuello”.

Expreso pues mi esperanza en que la JEP, en cabeza de los designados, tenga un desempeño acorde con los acuerdos de paz y con que se imparta una justicia restaurativa que contribuya a la reconciliación de los colombianos.

A juzgar por las declaraciones publicadas en la prensa nacional,  los magistrados de origen indígena Juan José Cantillo Pushaina (wayuu), Belkis Florentina Izquierdo (arhuaca), Ana Manuela Ochoa(kankuama) y José Miller Hormiga (totoró), no solamente estarán a la altura de las expectativas que se tienen sobre este alto tribunal, sino que aportarán las visiones de la vida y de la justicia que tienen los pueblos originarios, Castillo Pushaina enfatizó la necesidad del diálogo intercultural. Belkis recalca que los sistemas de justicia indígena, como claro ejemplo de un derecho restaurativo son un gran aporte para la construcción del modelo de justicia transicional, en cuanto tienen un enfoque integral y holístico que permite representar la diversidad y distintas formas de comprender la justicia, la verdad y la vida.

 

Por su parte, Ana Manuela tiene muy claro que la implementación de la JEP  esté articulada con la Justicia Especial Indígena, que es reconocida por el derecho colombiano. Finalmente, Hormiga sostiene que su conocimiento del derecho propio, el origen de los usos, costumbres y procedimientos de las comunidades le permitirá actuar como maigstrado en el cumplimiento de los estándares internacionales y en coordinación con las dos jurisdicciones, buscando que haya garantías tanto para las víctimas como para los procesados con un nefoque diferencial étnico.

 

A ellos, así como a los demás escogidos, nuestra felicitación y los mejores deseos en la importante labor para la que fueron designados.

 

 

 

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Justicia en subasta

Club, Subasta, Derecho, Símbolo, Juez, Legales

Las últimas revelaciones de la prensa sobre la existencia de un cartel de magistrados parecen ser el clavo en el ataúd de la credibilidad de la justicia colombiana. La estupefacción que esto me ha producido no me permite por ahora esbozar planteamientos serenos que intentaré en su momento.

Entre tanto, procuraré canalizar la indignación y la agobiante sensación de derrota, subastando simbólicamente mi tarjeta profesional de abogado a través de parodia del excelente poema del maestro León de Greiff, conocido como La balada de Sergio Stepansky. El número del documento legal es 26.329, ya que el 666 y el 007 se agotaron. Conforme se expresa en el texto, me da lo mismo si esto me trae problemas legales o no (espero que sí, para  no perder la práctica).

Jaime Jurado A. alias Ramón Salas Nomar El palindrómico exjurídico.

 

Balada por una tarjeta

(Dedicada a mis colegas, contrapartes, compatriotas en general -todo colombiano se presume abogado mientras no se pruebe lo contrario- y, en especial, al admirado Consejo Superior de la Judicatura,  “juez natural”de los abogados).

 

Juego tarjeta, cambio tarjeta,

de todos modos

estaba perdida…

 

Y la juego o la cambio por una presunción de inocencia,

por la musa (besaile) de la corte suprema,

la dono en usufructo, o la regalo…

 

La juego contra uno o dos fiscales,

contra montealegre y la springer von schchaaarwzenberg(¿apellido o estornudo, en el segundo caso: ¡ salud …coop!),

contra néstor humberto y gustavo moreno,

la juego en un juzgado, en un tribunal o en una sala promiscua,

en una apelación, en una revisión o extradición;

la juego definitivamente, desde la primera hasta la última instancia,

a todo lo ancho de un expediente y a todo lo hondo de un recurso

—en la demanda, en las audiencias,

y en el sub-fondo del ministerio de justicia…—

 

Juego tarjeta, cambio tarjeta,

estaba perdida

sin remedio.

 

Y la juego, o la cambio por dos falsos testimonios,

la dono en usufructo, o la regalo…:

o la trueco por una orden de captura o una libertad provisional:

todo, todo da lo mismo en el orden legal:

lo jurídico y lo corrupto, lo justo, lo injusto, lo nulo, lo probado o no probado…

 

Todo, todo da lo mismo:

todo cabe en el profundo, hórrido abismo

donde se revuelcan en monedas de judas los fiscales generales y anticorrupción, los magistrados de altas y bajas cortes, asesores jurídicos, notarios, comisiones de acusación y tribunales de aforados.

 

Cambio tarjeta de abogado por medio ordóñez y una puerta giratoria

o por una grabación de la dea con fondo sonoro de un lyons de Sahagún:

—por lo más leonino, por lo más leguleyo, por lo más santanderista:

por una resma de papel sellado y tres autenticaciones que llevan en su toga

el jurista eximio, externadista, ex-ternado, exorbitante en honorarios;

la magistrada del crucero;

el juez a-quo, el a-quem, el tribunal de árbitros o el secretario ad-hoc.

 

Cambio mi tarjeta por una consulta con de la espriella, con ética o sin ella,

o por la venda de la justicia, así esté vendida o hipotecada,

o por el mundo jurídico

que sostenía en sus hombros la Carta Magna: —para volver a barajar, con cartas marcadas por los de siempre o sus delfines…

 

Cambio mi tarjeta por la reflexión del filósofo de la pirinola;

por una sobredosis de cultura ciudadana;

la cambio por el collar

del perro de la RCA Víctor;

por una zona franca o un puerto seco;

la cambio por un himno de pueblo, debidamente registrado, la cambio por una canción de las Hermanitas Cállense en una estación de carrilera a la que ya no llega el tren;

por un clon de luis camilo osorio,

por la toalla de Tirofijo,

por un alma prendida de un inciso, por el último nadaísta que no sea uribista,

por un busto(s) de ricaurte o viceversa (tasado en 2000 millones, negociables),

por la palinodia del ñoño;

por un reparto amañado;

por un cortauñas ñato,  un pañal desechable,  una caña añeja, un retoño de madroño o cualquier carroña…

o por la prensa que llora lágrimas de cocodrilo

como cualquier letrado pilo.

 

Cambio tarjeta —al fiado— por una fábrica de sentencias a la medida

(con indexación);

por un palacio de justicia de bolsillo;

por tres hermanos siameses;

por tres tristes tigres en tres platos de trigo;

por el secreto de la inmortalidad del cangrejo;

por saber cuántos pares son tres moscas;

por un pretelt chaljub made in el ubérrimo;

por el tesoro quimbaya

o en su defecto por el escudo de la familia holguín;

cambio profesión por las actas de la sesión del 6 de noviembre de 1985 de la Corte Suprema,

o por las del consejo de ministros del 7, con el ruido de fondo de un partido de fútbol…

o por un plato de lentejas, con o sin mermelada.

¡o por dos huequecillos minúsculos

—en el corazón de la patria— por donde se fugue, en gris voluta de humo,

el asco, todo el fastidio, toda la vergüenza que almacena el pobre país del profesor Yarumo…!

 

Juego tarjeta, cambio tarjeta.

De todos modos

la llevo perdida…

 

Si la sal se corrompe

Aún cuando la corrupción es un fenómeno que de vieja data viene afectando a la sociedad colombiana, las noticias referentes a ella se han incrementado exponencialmente en los últimos meses en Colombia. La opinión se mueve entre el asombro, el asco y cierto cansancio ante la oleada de acontecimientos dañinos a la ética pública. Sería interminable la lista de hechos gravísimos de desangre al erario y de socavamiento de la moral administrativa que se han dado a conocer recientemente. Mencionemos solamente los de mayor relevancia en relación con la justicia, que llevan a pensar en la necesidad de una verdadera cirugía en la rama del poder que había permanecido relativamente intacta a estos fenómenos cuya metástasis se creía afectaba principalmente al ejecutivo y al legislativo.

Recordemos el clientelismo judicial y la puerta giratoria en las altas cortes, que llevó a la anulación de los nombramientos de Francisco Ricaurte y Pedro Munar en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así como a la nulidad de la segunda elección del entonces Procurador Alejandro Ordóñez, todos por violación del artículo 126 de la Constitución Política, norma que precisamente prohíbe el nepotismo y las cadenas de favores entre nominadores y nominados en todos los niveles de la administración pública.

La situación de la Fiscalía es capítulo aparte. No se sabe nada de las investigaciones (si es que las hay) por el favorecimiento con contratos amañados en el período de Eduardo Montealegre, quien solamente a la señora Natalia Springer, cuyo verdadero nombre resultó ser Natalia Lizarazo dio contratos por cerca de cinco mil millones de pesos por trabajos cuyos resultados han sido cuestionados por académicos imparciales. Pero no es solamente corrupción el manejo de los dineros sino que en esa categoría también entran, para citar dos ejemplos importantes, la inactividad en que cayeron los casos de Saludcoop, EPS en la que el peculado es billonario, y el proceso más trascendental de los llamados falsos positivos cual es la imputación al general Mario Montoya, el militar de más alto rango implicado en ese tipo de ejecuciones extrajudiciales. Ninguno de los dos se movió en los cuatro años de ese fiscal ni ha dado señales de vida en lo que va corrido del mandato del actual orientador del ente acusador.

La llegada de Néstor Humberto Martínez, de entrada está teñida de dudas sobre la conveniencia y moralidad de su designación. Su carácter de abogado personal de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de superministro del gobierno Santos no eran ninguna garantía de imparcialidad, a lo que su unía su militancia política en el partido Cambio Radical, lo que en el mejor de los casos lo tenía que llevar a declararse impedido en las numerosas investigaciones que se adelantaban o se podían iniciar contra directivos de las empresas de Sarmiento, altos funcionarios del ejecutivo o dignatarios de ese partido implicados en investigaciones penales.

La Fiscalía viene manejando lo relacionado con los contratos para la construcción de un tramo de la ruta del sol y para el dragado del río Magdalena que involucran sociedades del grupo Sarmiento Angulo en consorcio con Odebrecht fueron producto de sobornos y están teñidos de corrupción tan escandalosos como la concesión de un préstamo multimillonario a esta firma por parte del Banco Agrario. No obstante los vínculos que tuvo el doctor Martínez con esas sociedades antes de su ingreso a la Fiscalía, no se declara impedido, no hay transparencia en el manejo de los casos y no es muy claro por qué el alto funcionario se ha apresurado a descargar la responsabilidad únicamente en la firma brasileña y rápidamente exculpa a las sociedades de Sarmiento Angulo, a pesar de que las normas legales establecen claramente que en los consorcios todos sus integrantes tienen los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades. Más grave aún, ni siquiera se investiga por qué cincuenta mil millones de los ciento veinte mil que formaban el ilegal préstamo concedido por el Banco Agrario, fueron destinados por Odebrecht a pagarle a su consorciado  Valores y Contratos S.A. si se supone que el empréstito era para concluir las obras.

La situación generada por la captura del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, es entonces la gota que llenó la copa de la corrupción en esa entidad y no puede limitarse a las explicaciones de cómo se descubrieron las andanzas de este personaje. El Fiscal General debe asumir su responsabilidad política y explicar cómo fue posible que se nombrara para tan delicada responsabilidad a un abogado cuya hoja de vida lo hacía el menos indicado para dicho cargo. De paso debe aclarar lo relativo a la fiscal Niño, de la Unidad de Justicia y Paz, capturada por recibir dinero de los paramilitares y cuál es la razón para que se haya destituido al funcionario que unificó los 2500 procesos que se adelantan por despojo de tierras en Urabá por parte del clan Castaño, que implican al exmagistrado Jorge Pretelt Chaljub y que ahora están prácticamente paralizados.

El escándalo Moreno forma parte de un entramado mayor de clientelismo en el que salen a relucir influencias de los magistrados de las cortes en las decisiones de la Fiscalía que sugieren un nada sano intercambio de favoreces. Baste mencionar que ocho de los auxiliares de los magistrados que eligieron ar Néstor Humberto Martínez fueron designados por éste como fiscales delegafos precisamente ante la Corte Suprema de Justicia.

Estas situaciones le dan la razón a quienes vienen clamando por una reforma profunda en la justicia que le quite a las altas cortes la función electoral. Así mismo, es relevante que se discuta el uso del polígrafo que a pesar de no ser confiable (supuestamente Moreno fue el único de los aspirantes que superó esa prueba) ha venido convirtiéndose en un instrumento para la contratación de personal y para otras decisiones administrativas, así como la injerencia de las autoridades estadounidenses en nuestras instituciones de investigación y penitenciarias.

La dudosa y oportuna incapacidad por enfermedad en la columna del doctor Martínez en los momentos más duros del escándalo (que no le impidió aparecer muy erguido poco después en la Corte Constitucional para atacar la JEP), la opacidad con la que ha manejado esta situación y su denuncia con tinte intimidatorio contra el senador Robledo por injuria y calumnia han terminado por deslegitimar su gestión a tal grado que hacen necesario su paso al costado para que no termine perjudicando a la institución que representa.

Es hora de pensar en los más altos intereses de la justicia y del país.

 

Dos aciertos supremos

Feliciano Valencia.

He sido muy crítico de algunas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, especialmente su reticencia a aceptar la tutela contra providencias judiciales (que en el fondo es un intento de desconocer el papel más trascendental de la Corte Constitucional) y su desempeño en el nombramiento de personajes ligados a la puerta giratoria o carrusel en los altos tribunales y órganos de control.

Creo que sus magistrados aún no asimilan totalmente los cambios introducidos en la Constitución de 1991 y el propio nombre de “Suprema” que conserva esta corte no ayuda mucho porque tal vez correspondía al anterior esquema pero en realidad ya no es el órgano sumo o máximo de la rama judicial sino un tribunal de casación que además tiene la competencia de juzgar a altos funcionarios y nombrar o proponer a otros.

Lo anterior no me impide reconocer aciertos como los dos que paso a comentar y que en este caso, por su importancia sí son realmente “supremos”.

El primero es la digna posición frente a la insolente carta que le dirigió el embajador de los Estados Unidos de América en el que con actitud de próconsul reclamaba por no haberse aceptado la extradición de un guerrillero, amparado por los acuerdos de paz y las leyes de amnistía e indulto. La Corte le respondió resaltando los principios de no intervención en los asuntos internos, la soberanía nacional y la independencia judicial.

La otra decisión fue la revocatoria de la condena que por secuestro y tortura le había impuesto el Tribunal de Popayán al dirigente indígena Feliciano Valencia por la retención de un militar y su juzgamiento por la comunidad, al ser sorprendido espiando en su territorio con armas y elementos que permitieron deducir que estaba en misión de ejecutar una provocación contra la protesta que adelantaban los  indígenas en 2008.

En sentencia que honra el carácter pluriétnico y pluricultural del estado colombiano y que garantiza a nivel constitucional la autonomía de los pueblos originarios, la Corte declaró que Feliciano Valencia no cometió delito alguno y que la pena de azotes infligida al militar intruso es válida en el marco de la justicia indígena. Se señaló que la jurisdicción indígena es parte del derecho a la autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas y que los azotes no constituyen tortura ya que no están dirigidos a ocasionar sufrimiento sino que además de castigo, son un medio de sanación y procura del equilibrio roto con la actuación delictiva.

Junto a la bienvenida a la libertad que nunca debió perder Feliciano, saludo estas dos decisiones dignas de resaltar y respaldar.

 

 

Impidamos un nuevo atraco al pueblo

A raíz de noticias sobre el inminente reconocimiento y pago de cerca de seiscientos millones de pesos por reposición de votos a Oneida Pinto, exgobernadora de la Guajira cuya elección fue declarada ilegal y anulada (y/0 al Partido Cambio Radical, colectividad que la avaló), he expresado mi indignación al Consejo Nacional Electoral y al partido mencionado.

A las dos instituciones les dirigí sendos derechos de petición en los que solicito que no se haga ese desembolso, que de realizarse engrosaría la larguísima lista de infamias que se cometen a diario contra los intereses de las mayorías por parte de una clase dominante que perdió cualquier legitimidad ética para gobernar, si es que alguna vez la tuvo.

Creo que no debemos callar y que hay que expresar la protesta en diferentes formas. Una de ellas es dirigiendo comunicaciones a tales entidades.

Este es el texto de las cartas:

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2016.

Magistrado

Alexánder Vega Rocha

Presidente del Consejo Nacional Electoral

Ciudad

Cordial saludo.

En mi condición de ciudadano colombiano me dirijo a la corporación por usted presidida, en ejercicio del derecho de petición, con el fin de formular la siguiente,

                                                                 S  o  l  i  c  i  t  u d:

Que el Consejo Nacional Electoral se abstenga de reconocer suma alguna a la señora Oneida Pinto y/o al partido Cambio Radical por  concepto de reposición de los votos obtenidos en las elecciones para la Gobernación del Departamento de La Guajira efectuadas en octubre de 2015.

Subsidiariamente, en caso de no dictarse resolución negando dicha reposición, que se suspenda tal decisión y se solicite concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre si es procedente el reconocimiento de tal reposición de votos cuando la elección respectiva ha sido anulada por presentarse una inhabilidad como en el caso de la mencionada señora Pinto.

Que de las decisiones relacionadas con estos hechos se margine la Magistrada Yolima Carrillo por ser integrante del partido Cambio Radical y haber sido elegida a propuesta de dicho sector político, lo que la hace impedida para votar con imparcialidad.

                                                         F u n d a m e n t a c i ó n :

Es un hecho notorio la grave situación por la que atraviesa el departamento de La Guajira, caracterizada por una crisis ambiental y humanitaria sin precedentes, causada en gran por la gran minería del Cerrejón y agravada por la corrupción administrativa.

En palabras del analista León Valencia en columna de la revista Semana “Las consecuencias sociales de estas acciones tienen el rostro de la tragedia y han ahondado aún más el hueco oscuro en que se encuentra esta región del país. En lo que va corrido del año han muerto por desnutrición otros 40 niños y los escándalos por falta de agua potable, alcantarillado, vivienda y vías de comunicación han sido el pan de cada día.”

En este contexto la elección del mandatario regional tuvo como telón de fondo los vínculos entre el exgobernador Francisco Gómez Cerchar, actualmente detenido y acusado de gravísimos crímenes, con la candidata que resultó ganadora, Oneida Pinto, exalcaldesa del municipio de Albania, avalada por el partido Cambio Radical.

Posteriormente, en reciente sentencia de la Sección Quinta el Consejo de Estado anuló la elección de la señora Pinto al demostrarse que incurrió en inhabilidad por no haber transcurrido un año desde que dejó de ser alcaldesa hasta su elección como gobernadora.

No obstante lo anterior los medios de comunicación informan y dan casi como un hecho, que el Consejo Nacional electoral reconocerá a la citada ciudadana o al partido político que la acreditó, la suma correspondiente a la reposición de votos que contemplan las normas sobre la materia, en monto que llega casi a seiscientos millones de pesos ($ 600.000.000,oo).

Se da cuenta, igualmente, de que un concepto interno sostiene que la anulación de la elección no impide el reconocimiento y pago de dineros por reposición de votos y que el organismo electoral no tiene opción diferente a esa.

No me resigno a creer que ante una circunstancia tan delicada el organismo electoral se salga, como se dice popularmente por la tangente, con un argumento que no solamente es pobre sino que va en contravía de los valores y principios de la Constitución y contra la esencia del Estado Social de Derecho. Desembolsar recursos para engrosar los bolsillos de por sí repletos de Pinto y de Cambio Radical, sería premiar la ilegalidad y el fraude, amén de atentar contra la justicia y la lógica porque nadie en su sano juicio entendería que se reconozcan derechos económicos por un acto ilegal.

Se trata pues de algo que va no solo contra la ética más elemental sino contra cualquier estética, ya que no tiene la menor presentación en una sociedad indignada por tanta ignominia.

Dada la magnitud que ha adquirido el cáncer de la corrupción, la naturaleza política del Consejo Electoral y el indudable poder que sobre él ejercen los partidos políticos, tal vez sea ingenuo esperar que no se cometa lo que sería una de las mayores aberraciones en la historia colombiana, que no es propiamente muy escasa en ellas.

Sin embargo, apelo a lo que pueda quedar de dignidad, vergüenza y decencia en esa entidad y procedo a invocar algunos aspectos que demuestran que conceder tal devolución sería un verdadero atentado a la moral administrativa como derecho colectivo de los asociados. Además de una violación grosera de la ética, también se atentaría contra toda estética y sería un verdadero clavo en el ataúd de una corporación moribunda que desde su origen mismo surgió con un grave pecado original que es su falta de independencia y estar ligado a las redes partidistas y de influencias que pretende controlar.

Conforme a estos lineamientos, las actuaciones de los servidores públicos deberán regirse por la ley y la moral propias del ejercicio de la función pública y es así como el artículo 209 de la Carta incluye la moral administrativa como uno de los principios que rigen la función pública. Desde el preámbulo mismo de la Constitución se establece como valor la justicia en un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. A esto se agrega el artículo 1 que ubica al Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y en la prevalencia del interés general.

En este orden de ideas, la moralidad administrativa persigue que toda la gestión administrativa estatal esté encaminada al recto cumplimiento de los principios, reglas y valores establecidos en la Constitución y en las leyes y, por ende, se encuentra consagrada en la defensa del colectivo general. En estas condiciones la moralidad administrativa expresa la exigencia de una forma de vida social; y debería ser un   referente de la sociedad y de los miembros de la misma, ya que la función de los gobernantes es guiar las actuaciones del Estado, para cumplir con los cometidos esenciales de servir a los gobernados, de promover la prosperidad general y de garantizar la efectividad de sus principios, deberes y derechos.

Que no se diga que la moralidad administrativa solo tiene relación con la contratación o por ser un concepto de textura abierta no definido expresamente en las normas positivas. Como sostienen los tratadistas García y Fernández, citados por el jurista Óscar Hernández en proyecto para obtener la Maestría en Derecho en la Universidad de Medellín “la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo. Y es que ese enunciado (el principio de moral administrativa), que hace parte de un sistema normativo, sólo permite una “unidad de solución justa” en cada caso, a la cual se llega mediante una actividad de cognición objetivable en la decisión del funcionario. Al respecto, conviene decir que el (Consejo de Estado, expediente AP-057) ha manifestado: “para evaluar la moralidad administrativa, no existen formulas de medición o análisis, se debe acudir al caso concreto, para sopesar la vulneración a este derecho colectivo”. (http://lamoralidadadministrativacolombiana.blogspot.com.co/)

Continuando con Hernández decimos que “el anterior análisis permite inicialmente proponer dos tipos de límite a las “normas en blanco” uno positivo, fundado en una interpretación rigurosa de las normas con relación a la constitución, y uno negativo, fundado en la prohibición como límite de esas mismas normas. Desde este ángulo, podemos concluir que el operador jurídico tendrá que tener en cuenta al momento de interponer y aplicar la norma sobre la moralidad, los principios y valores contenidos en la Constitución Política del país y cuyo sentido y alcance han sido determinados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respectivamente, fundados, entre otros, en principios como la prevalencia del interés general, la solidaridad, y la participación democrática, que comportan una participación social, económica y cultural.”

Así las cosas, es claro que hay un peligro inminente de vulneración del derecho colectivo a la moral administrativa, así como violación directa del principio de justicia, del Estado Social de Derecho como fórmula política de la Constitución, amén de privilegiarse el interés particular de un partido y una persona por encima del interés general.

Es claro que se me debe dar respuesta (de fondo, en justicia y no en términos únicamente leguleyos), pero además de ello reclamo que se dé una respuesta y explicación pública al país.

Atentamente,

Jaime Jurado Alvarán

C.C. 10.232.130

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2016.

Doctores

Rodrigo Lara Restrepo y Antonio Álvarez Lleras

Director y Secretario General del partido Cambio Radical

Ciudad

 

Cordial saludo.

En mi condición de ciudadano colombiano me dirijo al partido por ustedes representado, en ejercicio del derecho de petición, con el fin de formular la siguiente,

S  o  l  i  c  i  t  u d:

Que el partido Cambio Radical ofrezca una excusa pública a las gentes del departamento de La Guajira y a todo el pueblo colombiano por el aval que otorgó a la señora Oneida Pinto en las elecciones para la Gobernación del Departamento de La Guajira efectuadas en octubre de 2015.

Que el partido se abstenga de reclamar cualquier suma de dinero a favor suyo o de la mencionada señora por concepto de reposición de los votos obtenidos en el citado certamen electoral.

Subsidiariamente, en caso de ordenarse por el organismo electoral resolución ordenando dicha reposición, que el dinero no se entregue a Oneida Pinto y en su lugar se done o bien directamente a las comunidades indígenas y negras de La Guajira más afectadas, a la Cruz Roja, a la Organización Indígena colombiana para un proyecto específico o a otra organización humanitaria de reconocida honestidad y transparencia.

Que se tome el artículo de León Valencia en la revista Semana, edición del 30 de julio al 7 de agosto del año en curso, titulada “Oneida Pinto, las graves consecuencias de un aval” como un derecho de petición la que se debe dar respuesta formal.

F u n d a m e n t a c i ó n :

Es un hecho notorio la grave situación por la que atraviesa el departamento de La Guajira, caracterizada por una crisis ambiental y humanitaria sin precedentes, causada en gran por la gran minería del Cerrejón y agravada por la corrupción administrativa.

En palabras del analista León Valencia en columna de la revista Semana “Las consecuencias sociales de estas acciones tienen el rostro de la tragedia y han ahondado aún más el hueco oscuro en que se encuentra esta región del país. En lo que va corrido del año han muerto por desnutrición otros 40 niños y los escándalos por falta de agua potable, alcantarillado, vivienda y vías de comunicación han sido el pan de cada día.”

En este contexto la elección del mandatario regional tuvo como telón de fondo los vínculos entre el exgobernador Francisco Gómez Cerchar, actualmente detenido y acusado de gravísimos crímenes, con la candidata que resultó ganadora, Oneida Pinto, exalcaldesa del municipio de Albania, avalada por el partido Cambio Radical.

Posteriormente, en reciente sentencia de la Sección Quinta el Consejo de Estado anuló la elección de la señora Pinto al demostrarse que incurrió en inhabilidad por no haber transcurrido un año desde que dejó de ser alcaldesa hasta su elección como gobernadora.

No obstante lo anterior los medios de comunicación informan y dan casi como un hecho, que el Consejo Nacional electoral reconocerá a la citada ciudadana o al partido político que la acreditó, la suma correspondiente a la reposición de votos que contemplan las normas sobre la materia, en monto que llega casi a seiscientos millones de pesos ($ 600.000.000,oo).

Se da cuenta, igualmente, de que un concepto interno sostiene que la anulación de la elección no impide el reconocimiento y pago de dineros por reposición de votos y que el organismo electoral no tiene opción diferente a esa.

No me resigno a creer que ante una circunstancia tan delicada el partido surgido del legado del gran moralista público que fue Luis Carlos Galán se salga, como se dice popularmente por la tangente, con un argumento que no solamente es pobre sino que va en contravía de los valores y principios de la Constitución y contra la esencia del Estado Social de Derecho. Desembolsar recursos para engrosar los bolsillos de por sí repletos de Pinto y de Cambio Radical, sería premiar la ilegalidad y el fraude, amén de atentar contra la justicia y la lógica porque nadie en su sano juicio entendería que se reconozcan derechos económicos por un acto ilegal.

Se trata pues de algo que va no solo contra la ética más elemental sino contra cualquier estética, ya que no tiene la menor presentación en una sociedad indignada por tanta ignominia.

Dada la magnitud que ha adquirido el cáncer de la corrupción y del silencio que sobre el punto ha guardado Cambio Radical, tal vez sea ingenuo esperar que no se cometa lo que sería una de las mayores aberraciones en la historia colombiana, que no es propiamente muy escasa en ellas.

Sin embargo, apelo a lo que pueda quedar de dignidad, vergüenza y decencia en sus integrantes ( o al menos en el alto directivo que en su momento se opuso al cuestionado aval) pues tramitar y recibir tal desembolso sería un verdadero atentado a la ética pública y una verdadera bofetada a los colombianos y particularmente a los sufridos habitantes de la península guajira. Además de una violación grosera de la ética, se afectaría de manera casi fatal la imagen y hasta el nombre de un grupo partidista que se presenta como renovador de las costumbres nefastas que han caracterizado la política en el país.

Como, cualquiera que sea la decisión, el asunto no “pinta” nada bien, sugiero que, de persistirse en recibir esas monedas producto de la vil abyección, si subsiste el apelativo Cambio Radical se le agregue: “con excepción de lo económico-electoral”.

Es claro que se me debe dar respuesta (de fondo, en justicia y no en términos únicamente leguleyos), pero además de ello reclamo que se dé una respuesta y explicación pública al país.

Atentamente,

 

Jaime Jurado

C.C. 10.232.130

 

 

 

Responde la Corte Constitucional

La presidenta de la Corte Constitucional respondió a mi pedido de renuncia de los magistrados a raíz de la bochornosa situación de Jorge Pretelt y Alberto Rojas.

La doctora María Victoria Calle manifiesta que “recibimos con absoluto respeto sus comentarios, sin embargo no compartimos su apreciación, en tanto ha quedado evidenciado ante la ciudadanía que este Tribunal Constitucional ha actuado conforme a la Constitución y a la ley y que los Magistrados hemos ejercido las funciones con sujeción a los principios y valores propios de esta investidura.”

Agrega que”los Magistrados de este Tribunal no cesaremos en el ejercicio de las funciones que nos han sido asignadas, porque debemos cumplir los deberes que nos corresponde ejercer en nuestros períodos constitucionales.”

No he afirmado que la actuación de Pretelt y Rojas sea la misma de los otros magistrados sino que dada la profundidad de la crisis de la Corte y en vista del cinismo de los mencionados, la renuncia de los otros jueces de esa alta corporación sería un gesto de dignidad, acogiendo la petición del exmagistrado Pinilla en el sentido de que el resto de la Corte dimita.

Queda al criterio de cada cual valorar la posición de unos y otros. Entre tanto, reconociendo que al menos la doctora Calle ha tenido la gallardía de contestar con respeto y elegancia mi solicitud, considero que hay que seguir expresando ante la Corte misma, así como ante el Senado (que tiene en sus manos la decisión sobre la suerte de uno de los oscuros personajes nombrados) la indignación por el gran daño que se sigue produciendo a la justicia y a la ética en el país.

Urgencia de conformar consejo asesor en Defensoría del Pueblo.

A raíz de la renuncia del Defensor del Pueblo a comienzos de 2016, ha salido a relucir que los problemas de la Defensoría del Pueblo no se reducen a las conductas procaces del señor Otálora “el viejo acosador de la comarca”, sino que pese al compromiso de la mayoría de los servidores públicos que laboran en ella, en la mayoría de las ocasiones, debido a consideraciones políticas, la magistratura moral se ve desvirtuada para favorecer intereses privados en contraposición a los de las víctimas de las vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

Continúa leyendo Urgencia de conformar consejo asesor en Defensoría del Pueblo.

Expresa tu indignación escribiendo a la Corte Constitucional por caso Fidupretelt

pretelt-y-rojas
Bogotá D.C., 7 de julio de 2016.
Doctora
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta de la Corte Constitucional
                                                “Cada uno es como Dios lo hizo, y algunos peor”
                                                                                                                                           Sancho Panza
Cordial saludo.
En mi condición de ciudadano y en ejercicio del derecho fundamental de petición, me dirijo a la corporación presidida por usted, con el fin de expresar la más viva inconformidad con el hecho de que en ella sigan actuando los señores Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos a pesar de los serios cuestionamientos éticos que pesan sobre ellos.
Especialmente bochornoso e indignante es que el primero de los mencionados, no obstante que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes presentó ante el Senado acusación en su contra y que la Fiscalía lo investigue a él y a su esposa por despojo de tierras en el Urabá, continúe actuando en el más alto tribunal de la justicia colombiana.
Por ello solicito se dé trámite como derecho de petición (y me uno a ella) a la solicitud del exmagistrado Nilson Pinilla en el sentido de reclamar la renuncia de los demás magistrados ya que es cuestionable el hecho de que los otros integrantes de la corporación continúen deliberando con los mencionados Pretelt y Rojas, permitiendo que éstos influyan en las decisiones, lo que es intolerable y nos avergüenza como colombianos.
Mientras se mantenga esta aberración no puede hablarse de legitimidad de cualquier determinación de esa corte y aumenta el daño ya casi irreparable a la credibilidad de la justicia del país.
Solamente una decisión como la propuesta por el distinguido exmiembro de esa entidad o una actitud firme y clara de protesta de sus componentes podrá salvar para la historia el honor y nombre que le quedan y evitará que se señale a todos sus integrantes con el dedo de la ignominia a la que la están arrastrando personajes que nunca debieron pertenecer a ella.
Atentamente,
Jaime Jurado Alvarán
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